>De: Cristiana Abad Cárdenas

ACEPRENSA

Los padres reaccionan ante la intromisión del Gobierno en la educación sexual de sus hijos La Ley del Aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio, establece una nueva materia en los colegios sobre salud sexual y reproductiva que podrá ser impartida por agentes de salud. Asociaciones familiares y colectivos profesionales han dado la voz de alarma ante la imposición de la ideología de género en las aulas, y preparan iniciativas para hacer frente a esta forma de adoctrinamiento y usurpación de las competencias de los padres.

La Ley del Aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio, establece una nueva materia en los colegios sobre salud sexual y reproductiva que podrá ser impartida por agentes de salud. Asociaciones familiares y colectivos profesionales han dado la voz de alarma ante la imposición de la ideología de género en las aulas, y preparan iniciativas para hacer frente a esta forma de adoctrinamiento y usurpación de las competencias de los padres.

La nueva ley del aborto permitirá abortar libremente dentro de las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto.

Además, las chicas de 16 y 17 años deberán informar al menos a uno de sus padres o tutores legales su deseo de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles “un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”.

Un concepto oficial de salud sexual

Pero la normativa no se limita a reconocer el aborto como derecho, sino que también pretende adoctrinar a los estudiantes sobre un peculiar concepto oficial de salud sexual y reproductiva.

Los once primeros artículos de la ley establecen este marco, en el que se incluyen medidas en el ámbito educativo (art. 9 y 10) [ver recuadro].

Los reglamentos de aplicación de la ley están siendo discutidos actualmente entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, y aún no han sido publicados.

Profesionales por la Ética ha denunciado el propósito de la ministra Trinidad Jiménez de que “agentes sanitarios” impartan en los colegios las consignas sexuales de la ley del aborto.

Las propuestas del Ministerio de Sanidad quedarán recogidas en la Estrategia Integral de Salud Sexual y Reproductiva. La idea, desvelada en su día por el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, es la de contar con profesionales como “farmacéuticos y enfermeros para entrar en los colegios y no cargar a los profesores con cuestiones para las que no están preparados ni formados”.

Las familias reaccionan

Ante esta situación, diversas organizaciones se están ofreciendo a los colegios para desarrollar cursos y actividades en sintonía con los deseos de las familias.

En las últimas semanas, el Foro Español de la Familia ha comenzado una campaña de información por todas las provincias bajo el lema “La sexualidad sí importa, sin ningún género de dudas”. A través de ella, pretende despertar la conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en el ámbito de la educación que representa la ley del aborto.

Según el presidente del Foro, Benigno Blanco, “con esta ley, el Gobierno pretende formar a todos los escolares españoles en la particular visión de la sexualidad de la ideología de género que defienden los sectores más radicales de la izquierda, algo inadmisible en una sociedad pluralista y democrática”.

Para hacer frente a este intento, el Foro ha creado un Observatorio sobre el Adoctrinamiento de Género que recogerá las inquietudes de los padres de familia y encauzará las demandas o denuncias judiciales que procedan cuando en la escuela se intente imponer una determinada visión de la sexualidad, vulnerando el artículo 27.3 de la Constitución Española.

Junto a esto, el Foro ofrecerá talleres para jóvenes sobre sexualidad y afectividad en el marco de una educación para el amor y ofrecerá a los padres que busquen un asesoramiento puntual sus servicios a través de un sitio en Internet llamado Familia y Sexualidad.

Por su parte, el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares, (IVAF) ha diseñado y puesto en marcha un programa integral de educación de la sexualidad para escuelas y colegios.

El nuevo programa, llamado SABE Escolar, está basado en las propuestas de la continencia, el respeto mutuo y la práctica de las virtudes, y se conforma como un programa moderno, completo, integrado y eficaz. Ha sido diseñado a partir de la experiencia en la docencia del reconocimiento de la fertilidad y educación de la sexualidad en la sección española del Instituto Pontificio Juan Pablo II.

Los materiales están listos de modo que las escuelas y colegios que deseen implantarlo y cuenten con la capacitación necesaria puedan hacerlo a partir de septiembre de 2010.

La educación sexual promovida por algunas administraciones autonómicas

A juzgar por lo que se ha visto hasta ahora, hay fundados temores de que la educación sexual promovida desde algunas administraciones autonómicas deje mucho que desear.

Según un estudio realizado hace cinco años por el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra sobre los contenidos de sexualidad que estudiaba el 80% de los alumnos españoles de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los libros contenían errores y omisiones que afectaban a la educación sexual de los adolescentes (cfr. Aceprensa, 16-11-2005).

El estudio, dirigido por Jokin de Irala y realizado sobre doce libros de texto de Biología y Geología por Ignacio Gómara, identificó “más de 200 afirmaciones que asumían una visión parcial de la sexualidad humana y que facilitaban conductas de riesgo entre los adolescentes”. Y concluyó: “Estos manuales no son un recurso adecuado para la educación de la afectividad y la sexualidad, e ignoran algunas recomendaciones de revistas científicas prestigiosas y de la propia Organización Mundial de la Salud”.

En los últimos años, administraciones como la andaluza han sacado a la luz guías escolares sobre sexualidad desde una perspectiva de género y con unas ilustraciones y un lenguaje de contenido fuertemente erótico.

La portavoz del Foro de la Familia en Sevilla, Blanca Oses, denunciaba recientemente la visión hedonista que impregna manuales como el folleto “Sexualidad humana”, dirigido a niños a partir de los diez años.

“La sexualidad no es sólo la penetración del pene en la vagina, el ano o la boca. Es la capacidad de disfrutar de nuestro cuerpo, del cuerpo de la otra persona, del mismo o de distinto sexo. (…) La sexualidad la podemos vivir de múltiples maneras: a solas, con otra persona, con personas del mismo sexo (homosexualidad), con personas de distinto sexo (heterosexualidad). (…) El momento de tener la primera relación sexual con penetración no está en absoluto relacionado con la edad. Para algunas personas tener esa experiencia a los 16 años ha sido demasiado pronto, pero para otras, no. Podemos decir que un buen momento es cuando los dos miembros de la pareja son capaces de disfrutar y de llegar al orgasmo, tanto solos como juntos”.

Estas son algunas de las “perlas” que recoge el manual. Según Blanca Oses, “en absoluto aparece la sexualidad en el marco de una relación amorosa. Los padres y madres andaluces queremos la felicidad de nuestros hijos. Respetamos otras visiones pero no queremos que se nos impongan y menos a través del sistema educativo y con cargo al presupuesto del Estado. Estaremos muy vigilantes y si se nos imponen estos tipos de contenidos llegaremos a los tribunales”.

La salud sexual y reproductiva, según la ley


En los once primeros artículos se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico los principios de la política sobre “salud sexual y reproductiva” que el feminismo más radical ha ido promocionando en el seno de Naciones Unidas en las últimas décadas, y que reclama como derechos básicos de la mujer la anticoncepción, la esterilización y el aborto.

La ley da la apariencia de estar adaptando el Derecho español a la normativa internacional y presenta nuevos “derechos fundamentales” olvidando que en España este tipo de derechos los reconoce la Constitución. De esta forma, se establecen nuevos ámbitos de intervención de las Administraciones públicas en terrenos hasta ahora reservados a la privacidad de las personas y confiados al pluralismo y la libertad ideológica y religiosa.

Esto se puede observar en el artículo 1, que define como objeto de la ley “garantizar… los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva” y “establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos”.

El artículo 2 define qué debe entenderse por “salud”, “salud sexual” y “salud reproductiva”, definiciones no incorporadas a ninguna norma jurídica internacional, lo que genera inseguridad jurídica.

El artículo 3, en el número 2 establece: “Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida”, es decir al derecho a abortar, cuestión que desarrolla en el título II. El número 3 veta toda discriminación en el acceso a los servicios y prestaciones de salud reproductiva (esto es, el derecho a la anticoncepción, la esterilización y el aborto), sin ninguna referencia a limitaciones por minoría de edad. El número 4 garantiza el neo-intervencionismo administrativo en materia sexual al declarar a los poderes públicos como garantes de la “salud sexual y reproductiva” a través de “las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente ley”.

El artículo 4 atribuye a la Alta Inspección del Estado la competencia de velar para que la ley se aplique homogéneamente en todo el territorio nacional.

El artículo 5, en el número 1, atribuye a los poderes públicos una serie de competencias activas, como “la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”, la garantía de “acceso universal” a “los servicios y programas de salud sexual y reproductiva”, la promoción del acceso a métodos de regulación de la fecundidad, y “la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva”.

El artículo 6 contiene una expresa habilitación a los poderes públicos para informar y formar sobre salud sexual y reproductiva con acciones “dirigidas, principalmente, a la juventud”.

El artículo 7, en su apartado b) vuelve a señalar el “acceso universal”, es decir sin límite de edad, “a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción” y anticonceptivos como derecho que garantizan los poderes públicos y con financiación por el Sistema Nacional de Salud.

El artículo 8 impone el “enfoque de género” con carácter obligatorio tanto en los estudios de ciencias de la salud como en el desarrollo de la formación continua de estos profesionales.

El artículo 9 en su párrafo inicial afirma que “el sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva”.

El artículo 10 atribuye a los poderes públicos la misión de apoyar “a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual (…), facilitando información adecuada a los padres y madres”.

Y el artículo 11 anuncia una especie de planificación de la actuación administrativa de futuro en la materia, a través de la elaboración de “un Plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y reproductiva”.