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Por Ignacio Aréchaga

El constante aumento del número de embriones congelados en las clínicas de reproducción asistida en España es un recordatorio de que la última reforma legal de 2006 ha fracasado en este aspecto. Ni el registro que preveía la ley existe, ni las parejas se responsabilizan de sus embriones, ni los posibles destinos que la ley establecía para ellos se están cumpliendo.

Nadie sabe cuántas vidas congeladas hay en los tanques de las clínicas. La ley de Reproducción Asistida de 2006 preveía crear un Registro nacional de donantes y un Registro de actividad y resultados de los centros, una de cuyas informaciones sería la del número de embriones congelados en cada clínica. Cinco años después ninguno de los dos ha visto la luz. Pero todas las clínicas reconocen que el número de embriones congelados va en aumento. En Cataluña, la única Comunidad autónoma con registro, hay 61.000 embriones congelados, cuatro veces más que en 2001. En un reportaje sobre el tema que publica El País (22-04-2011), todos los responsables de las clínicas consultados coinciden en que el número aumenta y que no se sabe qué hacer con ellos.
 

La ley de mayo de 2006 preveía cuatro posibles destinos para los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro. La pareja debía optar entre guardarlos para una posible utilización futura, donarlos para adopción por otra pareja, destinarlos a la investigación o destruirlos.

En la práctica, cuando las parejas escogen, la destrucción es la opción que más rehuyen. Menos de una de cada diez parejas la eligen. Parece como si fueran conscientes de que allí queda una vida humana, cuya potencialidad no quieren eliminar.

La adopción por otras parejas tampoco encuentra una buena acogida, ni por parte de los padres ni de los posibles adoptantes.

¿Quién quiere células madre embrionarias?

La donación para la investigación (con la consiguiente destrucción del embrión) fue la nueva vía abierta en la reforma legal de 2006. Se pensaba que la ciencia saldría ganando y que, de paso, las clínicas se quitarían de encima un problema. ¿No estaban en marcha las investigaciones con células madre embrionarias que iban a revolucionar la medicina regenerativa?

A juzgar por algunas informaciones sobre las células madre embrionarias, daba la impresión de que los investigadores estaban ansiosos por disponer de estas células.

Pero ahora resulta que, contra todo pronóstico, no hay apenas demanda de embriones para investigación, a juzgar por lo que dice el citado reportaje. “Los centros de investigación no los requieren”, afirma Marisa López Tejón, del Institut Marqués. “Antes donábamos los embriones al Banco de células madre de Andalucía, pero ahora no hay ningún proyecto en marcha con células madre embrionarias”, cuenta José Antonio Castilla, del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada. “El entusiasmo por las células madre embrionarias ha bajado, ahora hay otras opciones”, reconoce Joaquim Calaf, del centro de Reproducción Asistida de la Fundación Puigvert.

Casi uno puede llegar a pensar que la investigación con células madre embrionarias ha dejado de tener interés o ya no es prioritaria, si se puede disponer de células madre adultas o de las adultas reprogramadas. En cualquier caso, la experiencia de estas clínicas es que, a pesar de que entre un 5% y un 10% de las parejas estarían dispuestas a donar sus embriones para investigar, no hay un interés correspondiente entre los científicos.

Según la ley, si a los cinco años, y tras dos intentos de comunicación con una pareja, esta no decide nada sobre los embriones sobrantes, se considera que se ha desentendido de ellos y la decisión pasa a los comités clínicos de los centros. Pero estos tampoco se atreven a decidir, dicen que por falta de seguridad jurídica. 

 



El legislador, la pareja y la clínica


Ahora todos reclaman que las parejas asuman su responsabilidad con los embriones que dejan atrás. Pero, cuando se hizo la ley en 2006, fueron las clínicas las que presionaron, con éxito, para que se suprimiera la prohibición existente de fecundar más de tres óvulos por ciclo, lo que contribuye a generar más embriones. Lo que importaba era quitar obstáculos con vistas a presentar ante el cliente una mayor probabilidad de éxito. A los embriones se les trata como meros instrumentos. Cuando la pareja ha conseguido su objetivo –en torno a un 35% lo logra– o ha abandonado el proceso, reprocharles que no se sientan responsables de los embriones sobrantes –los instrumentos ya innecesarios– no tiene mucho sentido.

El destino de los embriones sobrantes es uno de esos problemas que solo se pueden resolver si no se origina voluntariamente el problema. En Alemania, por ejemplo, solo se pueden fecundar los óvulos que van a ser transferidos. Pero una vez que se admite la crioconservación de los embriones como si fueran mero “material biológico”, su suerte es la crónica de una muerte anunciada.

A juzgar por el comentario que acompaña al reportaje de El País, parece que ahora las clínicas quieren obtener el visto bueno para destruir los embriones sobrantes, sin temor a posibles riesgos jurídicos. Lo curioso es que, para quitarse el muerto de encima, el comentarista presenta el caso como si el único obstáculo para resolver el problema fuera que “la Iglesia católica y los sectores sociales próximos a ella” opinan que el óvulo fecundado debe ser tratado como un ser humano. No, el problema existe porque el legislador ha permitido la creación embriones a discreción, algo que la Iglesia católica rechaza como incompatible con el respeto que merece la vida humana.

Ahora los que han creado el problema quieren hacer borrón y cuenta nueva por la destrucción de embriones, pero sin cambiar las prácticas que originan la acumulación. Por lo menos, deberían plantearse cambiar esa ley que nos vendieron como la más avanzada de Europa.

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